Ofensiva contra zonas zapatistas
Blanche Petrich
Blanche Petrich
En los nueve meses de gobierno de Felipe Calderón, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas donde se han implantado las juntas de buen gobierno zapatistas, han experimentado “una ofensiva brutal” que combina una acción concertada de los 79 campamentos militares permanentes instalados en el estado con las autoridades locales priístas, instituciones agrarias y grupos paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas. Según un detallado estudio de campo, “que rastreó cañada por cañada, caracol por caracol, todos los municipios autónomos”, realizado por brigadas de observación de las bases zapatistas y del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), miles de familias corren peligro de ser despojadas de sus tierras y pertenencias en el corto plazo. Los desalojos comprenden 10 mil 544 hectáreas y están previamente amparados por fallos irregulares emitidos por el Tribunal Unitario Agrario, siempre en favor de los grupos campesinos que cobijan bajo sus siglas a conocidos líderes paramilitares.
CAPISE enlista 13 comunidades de alto riesgo. Dos secciones del ejido Mukulum y ocho pueblos de Agua Azul, municipio Chilón; Ranchería El Nance, Altamirano; comunidad 24 de Diciembre, municipio Margaritas; San Juan del Río, San Alfredo, Casa Blanca, Miguel Hidalgo, 20 de febrero, Nuevo Rosario, municipio autónomo La Garrucha (Ocosingo), Nueva Revolución y San Patricio, municipio Roberto Barrios.
“Es –indicó Ernesto Ledesma, director del CAPISE– la mayor embestida que se ha visto en los últimos nueve años”, parecida a las cruentas etapas de los gobiernos de Absalón Castellanos y Roberto Albores. Tendrá como consecuencia un despojo de tierras “masivo, sistemático y legalizado a priori”, alertó. El más reciente trabajo de este equipo investigador, que trabaja en el área desde hace cinco años, fue presentado ayer aquí en conferencia de prensa. Ilustra cómo la diseminación de 79 campamentos militares, incluyendo al menos cuatro unidades de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), han consolidado la militarización y la aplicación de una política contrainsurgente en el estado.
“La recomposición de la Secretaría de la Defensa en Chiapas –explicó el investigador– da la apariencia de una gradual salida de tropas de la región, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario: salió cantidad de tropa y entró calidad castrense con el objetivo claro de desmantelar los municipios autónomos operando bajo la cobertura articulada de la procuraduría, la Secretaría de Reforma Agraria, el Congreso de la Unión, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Gobernación y el gobierno de Juan Sabines”.
El despliegue de unidades de “calidad castrense” en campamentos aledaños a zonas donde se encuentra la retaguardia del EZLN –como son las cañadas de La Garrucha (La Sultana), Las Tacitas y Taniperlas– incluye no solamente a las brigadas de infantería sino a otras unidades de elite, como Gafes y agrupamientos de Fuerzas de Tarea y Fuerzas de Intervención Rápida (FIR), que tienen equipamiento y capacidad para realizar operaciones “de alto impacto” contra “terrorismo y grupos armados”, según documentos de Sedena.
Ledesma señaló que la suspensión de la segunda etapa de la otra campaña, que debía ocurrir en los próximos tres meses (de octubre a diciembre), “obedece a esta realidad”, ya que la ofensiva descrita en el documento La embestida del Estado mexicano contra los pueblos indígenas y sus territorios sigue considerando al EZLN como el “enemigo interno” y pretende desarticular el tejido de comunidades que han logrado una representatividad política y social en torno a las juntas de buen gobierno. “Este despliegue contrainsurgente en Chiapas no corresponde a una lucha contra el EPR sino contra el EZLN y sus bases civiles”, afirmó Ledesma. Aseguró que la ofensiva tiene que ver con la eficacia que ha logrado el funcionamiento de los caracoles y las JBG, al grado de construir en la región un gobierno alternativo que gestiona demandas y necesidades, actúa como interlocutor a todos los niveles e incluso es reconocido por poblaciones no zapatistas como una instancia para dirimir conflictos, ya que actúa conforme a usos y costumbres y para el interés comunitario. “Para gran número de comunidades que no militan directamente en las estructuras zapatistas, asumirse como base de apoyo zapatista es la única cobertura con la que cuentan”, indicó.
El estudio, integrado con los reportes sistematizados de las Brigadas de Observación Tierra y Territorio, documenta centenares de despojos, golpes, amenazas, incendios de casas, bloqueos de caminos, tala de bosques, destrucción de bienes colectivos, portación ilegal de armas y casos de privación de la libertad por parte de quienes pertenecen a grupos que, como la OPDDIC, cuentan entre sus dirigentes a conocidos paramilitares.
Mayor presencia militar en las zonas en “disputa”
Despojos a zapatistas, eje de la contrainsurgencia
El Ejército reagrupó sus unidades en el territorio indígena de Chiapas en los dos pasados años, desplegando fuerzas especiales en la modalidad de agrupamientos o grandes unidades en todas las cañadas y regiones donde existe conflictividad entre comunidades zapatistas y poblados controlados por grupos de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) y la Unión de Uniones, de filiación priísta o perredista, que en los últimos años han encabezado el hostigamiento contra los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno.
La consecuencia de esta reorganización, detectada por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) en un estudio de campo, es que al plan constrainsurgente vigente desde hace 13 años se ha sumado una estrategia de despojo de tierras contra las bases de apoyo zapatistas en las zonas de la Selva, las Cañadas, los Altos y el norte del estado. En este nuevo accionar se ha incorporado un factor que no se había observado anteriormente, explica el director del CAPISE, Ernesto Ledesma: “Hay una articulación flagrante entre el Ejército federal, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y los grupos campesinos hostiles al zapatismo”. El objetivo principal, concluye la investigación, es quitar a las comunidades que surgieron del levantamiento rebelde de 1994 todas las tierras recuperadas en el periodo inmediatamente posterior al levantamiento de ese año.
La más reciente investigación del CAPISE, elaborada por brigadas de observación de los pobladores zapatistas y los miembros del centro de análisis, logró levantar un mapa de la zona, en el cual se aprecia con claridad que justamente en las zonas donde hay mayor tensión entre comunidades priístas y zapatistas, siempre por conflictos de tierras recuperadas que los grupos hostiles a los rebeldes pretenden apropiarse, siempre hay una, dos y hasta tres posiciones militares. En todos los casos se trata de fuerzas especiales o cuarteles que alojan dos brigadas de infantería.
Este despliegue fue observado, por ejemplo, en Taniperla, que es el pueblo donde se formó la Opddic bajo la dirección de Pedro Chulín, identificado desde hace años como cabeza de un grupo paramilitar, ex diputado priísta, aliado del ex gobernador Roberto Albores en la destrucción del primer intento de municipio autónomo que se hizo en ese lugar. En este caso, la brigada militar se alberga dentro de la propia comunidad.
El mismo despliegue de unidades de elite se observó en San Caralampio, las cañadas de Las Tacitas y La Garrucha, y en la cañada tojolabal. Salvo las brigadas de infantería desplegadas en El Edén y Altamirano, en todos los demás cuarteles se ubican agrupaciones (dos brigadas) o grupos aeromóviles de fuerzas especiales.
“A partir del contacto y la convivencia de las comunidades con la tropa de las unidades especiales detectamos un ritmo muy acelerado de descomposición social. A diferencia de lo que hacen las brigadas convencionales, que instalan prostíbulos con sexoservidoras que llevan de las ciudades cercanas, en estos poblados desarrollan los servicios de prostitución con población local. También se observó que en cada uno de los poblados que se relacionan con los cuarteles en un lapso de uno o dos años se agudizaron las agresiones contra las poblaciones zapatistas. Los grupos afines al PRI o al PRD presionan para desalojar de las comunidades a las bases rebeldes”.
Los investigadores han recolectado información que les permite describir toda una batería de métodos para conseguir el despojo de tierras recuperadas, que incluye robo de cosechas y leña, amenazas, incendios de casas, cierres de caminos, talas de bosque, destrucción de haberes colectivos, portación de armas y, en algunas ocasiones, retención de la libertad de bases zapatistas.
En cada uno de los conflictos se ha definido un mismo patrón de la agresión. A la fecha, el Tribunal Unitario Agrario tiene centenares de casos de diferendos por resolver, en su mayoría demandas de la Opddic, que reclama como propias tierras de los zapatistas. Cuando la Procuraduría Agraria envía a sus visitadores o a notarios, por lo general éstos avalan asambleas irregulares. Y cuando la crisis amenaza con desencadenar hechos violentos, se hacen presentes patrullas de Seguridad Pública estatal o municipal que apoyan incondicionalmente a los grupos hostiles, dejando indefensos a los que pertenecen a las bases de apoyo zapatista. En los accesos a los pueblos –o incluso dentro de ellos– están a la espera las tropas especiales del Ejército, que mantienen abierta relación con los líderes agresores. “La complicidad es flagrante”, afirma Ledesma.
Con el despliegue de 29 campamentos de la 39 Zona Militar en la Selva y el norte del estado y otros 23 de la 31 zona en las Cañadas y los Altos, que incluye al menos cuatro GAFES, seis compañías de infantería no encuadradas (CINE) y un batallón de comunicaciones especiales que depende, no de la Región Militar VII –que corresponde a Chiapas–, sino directamente del Campo Militar número uno, en la Ciudad de México, “puede entenderse que este despliegue militar “de alto impacto para operar contra el narcotráfico, el crimen organizado, grupos armados o terrorismo, como se asienta en los manuales de la Secretaría de la Defensa Nacional, está listo para acatar una orden y entrar en acción”, indica el director de CAPISE.
Interrogado sobre si se trata de un escenario para entrar en acción no sólo contra las bases zapatistas, sino también contra el EZLN, aclara: “Desde el punto de vista táctico está listo. Eso no quiere decir que vaya a atacar. Solamente que puede hacerlo en cualquier momento”.
La consecuencia de esta reorganización, detectada por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) en un estudio de campo, es que al plan constrainsurgente vigente desde hace 13 años se ha sumado una estrategia de despojo de tierras contra las bases de apoyo zapatistas en las zonas de la Selva, las Cañadas, los Altos y el norte del estado. En este nuevo accionar se ha incorporado un factor que no se había observado anteriormente, explica el director del CAPISE, Ernesto Ledesma: “Hay una articulación flagrante entre el Ejército federal, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y los grupos campesinos hostiles al zapatismo”. El objetivo principal, concluye la investigación, es quitar a las comunidades que surgieron del levantamiento rebelde de 1994 todas las tierras recuperadas en el periodo inmediatamente posterior al levantamiento de ese año.
La más reciente investigación del CAPISE, elaborada por brigadas de observación de los pobladores zapatistas y los miembros del centro de análisis, logró levantar un mapa de la zona, en el cual se aprecia con claridad que justamente en las zonas donde hay mayor tensión entre comunidades priístas y zapatistas, siempre por conflictos de tierras recuperadas que los grupos hostiles a los rebeldes pretenden apropiarse, siempre hay una, dos y hasta tres posiciones militares. En todos los casos se trata de fuerzas especiales o cuarteles que alojan dos brigadas de infantería.
Este despliegue fue observado, por ejemplo, en Taniperla, que es el pueblo donde se formó la Opddic bajo la dirección de Pedro Chulín, identificado desde hace años como cabeza de un grupo paramilitar, ex diputado priísta, aliado del ex gobernador Roberto Albores en la destrucción del primer intento de municipio autónomo que se hizo en ese lugar. En este caso, la brigada militar se alberga dentro de la propia comunidad.
El mismo despliegue de unidades de elite se observó en San Caralampio, las cañadas de Las Tacitas y La Garrucha, y en la cañada tojolabal. Salvo las brigadas de infantería desplegadas en El Edén y Altamirano, en todos los demás cuarteles se ubican agrupaciones (dos brigadas) o grupos aeromóviles de fuerzas especiales.
“A partir del contacto y la convivencia de las comunidades con la tropa de las unidades especiales detectamos un ritmo muy acelerado de descomposición social. A diferencia de lo que hacen las brigadas convencionales, que instalan prostíbulos con sexoservidoras que llevan de las ciudades cercanas, en estos poblados desarrollan los servicios de prostitución con población local. También se observó que en cada uno de los poblados que se relacionan con los cuarteles en un lapso de uno o dos años se agudizaron las agresiones contra las poblaciones zapatistas. Los grupos afines al PRI o al PRD presionan para desalojar de las comunidades a las bases rebeldes”.
Los investigadores han recolectado información que les permite describir toda una batería de métodos para conseguir el despojo de tierras recuperadas, que incluye robo de cosechas y leña, amenazas, incendios de casas, cierres de caminos, talas de bosque, destrucción de haberes colectivos, portación de armas y, en algunas ocasiones, retención de la libertad de bases zapatistas.
En cada uno de los conflictos se ha definido un mismo patrón de la agresión. A la fecha, el Tribunal Unitario Agrario tiene centenares de casos de diferendos por resolver, en su mayoría demandas de la Opddic, que reclama como propias tierras de los zapatistas. Cuando la Procuraduría Agraria envía a sus visitadores o a notarios, por lo general éstos avalan asambleas irregulares. Y cuando la crisis amenaza con desencadenar hechos violentos, se hacen presentes patrullas de Seguridad Pública estatal o municipal que apoyan incondicionalmente a los grupos hostiles, dejando indefensos a los que pertenecen a las bases de apoyo zapatista. En los accesos a los pueblos –o incluso dentro de ellos– están a la espera las tropas especiales del Ejército, que mantienen abierta relación con los líderes agresores. “La complicidad es flagrante”, afirma Ledesma.
Con el despliegue de 29 campamentos de la 39 Zona Militar en la Selva y el norte del estado y otros 23 de la 31 zona en las Cañadas y los Altos, que incluye al menos cuatro GAFES, seis compañías de infantería no encuadradas (CINE) y un batallón de comunicaciones especiales que depende, no de la Región Militar VII –que corresponde a Chiapas–, sino directamente del Campo Militar número uno, en la Ciudad de México, “puede entenderse que este despliegue militar “de alto impacto para operar contra el narcotráfico, el crimen organizado, grupos armados o terrorismo, como se asienta en los manuales de la Secretaría de la Defensa Nacional, está listo para acatar una orden y entrar en acción”, indica el director de CAPISE.
Interrogado sobre si se trata de un escenario para entrar en acción no sólo contra las bases zapatistas, sino también contra el EZLN, aclara: “Desde el punto de vista táctico está listo. Eso no quiere decir que vaya a atacar. Solamente que puede hacerlo en cualquier momento”.
