Jaime Martínez Veloz
Después de 24 años de trabajo organizativo, lucha social y experiencias vividas, el EZLN ha consolidado su presencia en el territorio chiapaneco. Con discreción, orden y disciplina, los zapatistas han podido construir un nuevo modelo de trabajo o, como dicen ellos, un nuevo modo de hacer las cosas, donde a partir de una práctica cotidiana de la autogestión, la solidaridad, la creatividad, la cooperación y organización comunitaria han mantenido la cohesión de sus comunidades.
A los zapatistas nada les ha sido fácil, ni nada les ha sido regalado. Lo logrado ha sido gracias a un enorme esfuerzo y a una alta cuota de sacrificio de sus integrantes. Mayor significación tiene cuando sus logros se han producido en medio de condiciones difíciles y complicadas.
Desde los primeros años en que desarrollaron su trabajo, tanto en el frente de masas como en la organización clandestina, se formaron al amparo de una convicción: “mandar obedeciendo”. Los años anteriores al levantamiento les permitieron consolidar una fuerte presencia en comunidades, muchas de las cuales se reconocieron zapatistas. La estrategia en su formación guerrillera puso distancia frente a métodos utilizados por otras guerrillas para allegarse fondos mediante secuestros o acciones que caen en el terreno delictivo y que han sido rechazadas por la opinión pública.
La apuesta zapatista de construir una base social organizativa como sustento fundamental de la acción armada, financiada con los modestos recursos de sus integrantes, ha sido el distintivo que ha alejado al zapatismo de cualquier acción que lo vincule con acciones terroristas que pudieran justificar la acción represiva del Estado mexicano. El levantamiento zapatista fue caracterizado por la primera Cocopa como “expresión de una insurrección comunitaria, producto de causas fundadas que lo originaron”.
La irrupción zapatista en el escenario nacional trajo modificaciones sustantivas. Las subsecuentes reformas electorales al primero de enero de 1994 fueron realizadas por una demanda de la sociedad mexicana, pero también por el reconocimiento tácito a la justeza de los reclamos zapatistas. Tal vez esto no quiera ser reconocido por los partidos políticos, pero el levantamiento armado contribuyó a la creación de un nuevo escenario electoral y a una redistribución del poder político. Hoy el modelo electoral mexicano dista mucho de ser el mejor y más adecuado para los mexicanos, pero es muy diferente al de antes de 1994.
El diálogo entre el EZLN y el gobierno federal estuvo amparado por una Ley para el Diálogo, cuya fortaleza radica en expresar la voluntad de las partes, sobre todo de la sociedad mexicana, que desea una solución de fondo a la problemática planteada por los zapatistas, por vía de la negociación. El EZLN puso su parte, el Estado Mexicano incumplió los compromisos contraídos en San Andrés. Aunque el estatus del diálogo que ampara la ley vigente es de “suspensión”, no de “ruptura”, la reanudación de esta vía tendrá que pasar por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, cuyo contenido principal ha hecho suyo la Organización de Naciones Unidas.
Luego de la suspensión del diálogo y desde antes, en un doble discurso el gobierno, mientras decía querer dialogar, apoyaba una estrategia de contrainsurgencia y acorralamiento de las fuerzas zapatistas. Expedición de títulos agrarios, habilitando a campesinos como ejidatarios en tierras ocupadas por los zapatistas, encarcelamiento de líderes y bases de apoyo zapatistas, matanzas indiscriminadas, fomento de las deserciones y el paramilitarismo, ofrecimiento de apoyos oficiales a cambio de renuncias públicas al EZLN, minimización del conflicto, campañas mediáticas antizapatistas fueron, entre otras, acciones que dominaron el escenario chiapaneco durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo y los varios gobernadores interinos que Chiapas tuvo durante ese sexenio.
En medio del hostigamiento, el zapatismo tuvo la capacidad de salir adelante y perfilar una nueva iniciativa política a principios de 2001, mediante la marcha exitosa que culminó con la presencia de los zapatistas en la tribuna del Congreso de la Unión, donde el debate entre los legisladores traspasó las fronteras de las formalidades parlamentarias para ubicarse en un terreno donde el elemento principal que introdujo la petición zapatista para hacer uso de la tribuna de San Lázaro no radicaba en que fuera un asunto de normatividad legislativa, sino en otro mucho más profundo que cuestionaba al actual modelo de la democracia mexicana, la cual aún no incluye a todos los mexicanos, en este caso a los pueblos indígenas.
A pesar del éxito de la marcha y las expresiones públicas del presidente Fox, la culminación del proceso legislativo que dictaminó la iniciativa de ley indígena produjo un resultado ajeno a lo pactado en San Andrés Larráinzar, con una reforma constitucional que hizo a un lado el arduo proceso de negociación entre las partes. El nuevo escenario permitió que de nueva cuenta los zapatistas sacaran la creatividad que los ha caracterizado con las juntas de buen gobierno como una nueva forma de organización que este año cumple un lustro de actividades sostenidas mediante un método de trabajo que ha permitido procesar diferencias, definir esquemas de trabajo y vincularse organizadamente entre los miembros y quienes no lo son.
Los miembros de las juntas de buen gobierno se van rotando entre los integrantes de la comunidad, y han entendido que el servicio que brindan no significa obtener privilegios individuales, pero fortalece la integración comunitaria que permite sentar las bases para el desarrollo de los pueblos. Esta experiencia es un nuevo modelo en la toma de decisiones del que hay mucho que aprender y mucho que saber.
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Durante toda su existencia, los zapatistas han tenido que sortear momentos y circunstancias difíciles. Hasta ahora han podido lograrlo gracias a la conjugación de una serie de factores, ligados principalmente con su disciplina y vocación hacia el trabajo de organización interna y análisis prospectivos de la realidad nacional.
Un momento complicado que tuvieron que remontar, previo a la creación de las juntas de buen gobierno, fue el desconocimiento de facto que hizo el gobierno federal de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por él mismo y el EZLN.
Habíamos llegado a esa etapa después de haber sorteado un conjunto de dificultades y provocaciones promovidas desde algunas esferas gubernamentales o de núcleos de poder económico y político del país.
La situación interna no era sencilla, dado que la dirección zapatista había caminado por el sendero de la política, como una apuesta para lograr sus reivindicaciones, y ésta había fallado por la frivolidad, el cortoplacismo o la mezquindad del gobierno.
El aliento de esperanza que representaban los acuerdos de San Andrés fue borrado por la negativa gubernamental para cumplir lo pactado por sus representantes.
La carga de descalificaciones contra los acuerdos pactados y la iniciativa de ley derivada de los mismos, se ponían en batería y se usaron todos los medios al alcance del Estado mexicano para generar una percepción ciudadana contraria al espíritu y contenido de lo acordado en San Andrés, entre el gobierno federal y el EZLN.
Los argumentos en contra de la iniciativa de ley, elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), rayaban en lo ridículo, pero sobraban patiños que se alquilaban para justificar el incumplimiento gubernamental.
Entre otras cosas, decían que “la Cocopa se prestó al juego del EZLN para balcanizar al país”, que los zapatistas “quieren crear un anticonstitucional cuarto nivel de gobierno” y “pretenden imponer a todos los usos y costumbres indígenas, cuando éstos son violatorios de los derechos humanos”, que “la iniciativa Cocopa carece de técnica jurídica”... La retahíla de sandeces se repetía sin parar por todos los medios habidos y por haber. Los intelectuales “inorgánicos” del régimen repetían una y otra vez el guión elaborado por Gobernación.
La iniciativa Cocopa transcribe textualmente los términos y las palabras que dan forma a cada uno de los compromisos contraídos. Por ejemplo, los acuerdos de San Andrés reconocen que “las comunidades indígenas serán reconocidas como entidades de derecho público” y el traslado literal de este texto al cuerpo de la iniciativa de ley indígena, motivó serios y majaderos reclamos del gobierno federal. A fuerza de calificativos y distorsiones mediáticas, el gobierno intentaba persuadir de que no había firmado lo que firmó. Paralelamente a su irresponsable actitud, prohijó y fomentó una estrategia de contrainsurgencia para golpear a las bases zapatistas.
El diseño del proceso de negociación y la agenda pactada por las partes del conflicto contemplaba las principales preocupaciones nacionales. Estaba la mesa puesta para una profunda reflexión nacional sobre los temas que hoy gravitan en el imaginario colectivo: recursos naturales, reforma política, medios de comunicación, derechos sociales, justicia, bienestar social, derechos de la mujer, entre otros, son temas que quedaron pendientes de discutir en San Andrés y hoy son parte consustancial del debate nacional.
Frente a los hechos que han aparecido y que padece la sociedad mexicana, se confirma que los zapatistas tenían y tienen una percepción del desenvolvimiento de los sucesos nacionales.
Por ello, con la discreción que caracteriza al EZLN, se puso a construir una forma organizacional que les permitiera, a partir de su propia realidad, mantener la cohesión interna y la atención de sus comunidades, mediante un ejercicio de gobierno del que mucho tenemos que aprender los mexicanos. Con pocos recursos y mucho ingenio, diseñaron un esquema táctico que les ha permitido sobrevivir durante el tiempo transcurrido después del desconocimiento de los acuerdos de San Andrés, logrando importantes éxitos en materia de salud, educación y consolidación interna. Su presencia y solidez ha sido un factor esencial en un estado cuya historia contemporánea está ligada al zapatismo.
