FORO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS

RELATORÍA DEL FORO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS DE CHIAPAS
CIUDAD DE MÉXICO
6 DE OCTUBRE DE 2007

El sábado 6 de octubre de 2007, en el Local de UNÍOS, en la Ciudad de México, se celebró el Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas. Se tuvo la presencia de 83 participantes: 57 del D.F., 2 de Veracruz, 3 de Chiapas, 1 de Jalisco, 9 de Morelos, 9 del Estado de México y 2 de Puebla. El Foro contó con la siguiente orden del día:
1. Información sobre la situación en Chiapas.
2. Plan de acción.
3. Asuntos generales.

1. Información sobre la situación en Chiapas.
Sobre este punto el CAPISE expuso sobre la embestida del Estado mexicano contra los pueblos indígenas y su territorio en Chiapas. Se hizo hincapié, por ejemplo, de la alta presencia militar en el estado, que, según se ha podido observar, consta de 79 campamentos militares, de los cuales 56 están localizados en territorio indígena. Se hizo un recuento de los territorios recuperados por el EZLN en 1994 y cómo se ha iniciado un plan de despojo con sustento "legal" a partir de 1995 con el llamado, precisamente, Fondo 95. Este Fondo tuvo como fin indemnizar a los terratenientes y caciques por las tierras recuperadas por el EZLN y dar figura legal a estos territorios que ya no tenían "dueños". Se expuso como se ha intentado con artificios "legales" despojar los territorios recuperados en 1994 y cómo con la ayuda de la OPDIC (con dirigencia relacionada con grupos paramilitares) , los gobiernos, federales y estatales, han emprendido sus actos de despojos en los territorios recuperados. También se mencionó sobre las agresiones y presiones que ejerce el PRD para obtener votos en diversas comunidades como sucede en Zinacantán. Se alertó sobre la amenaza de desalojo violento a la comunidad zapatista 24 de diciembre, por parte de la Unión ejidos de la Selva con una obvia asesoría militar. Se expuso también sobre la construcción de la supercarretera que va hacia Montes Azules y cómo esta obedece a los intereses del Plan Puebla Panamá. Finalmente se dio el nombre de una serie de instancias gubernamentales relacionadas directamente con esta embestida de despojos: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Congreso de la Unión.
Se comentó sobre los últimos comunicados de las Juntas del Buen Gobierno, que reflejan como esta embestida ha aumentado en estas últimas semanas, lo que obliga a estar atentos.

2. Plan de acción.
Sobre este punto, se realizaron una serie de reflexiones, por ejemplo, el que es necesario que nuestros planes de acción estén encaminados también al combate ideológico , ya no sólo de los medios de comunicación, sino de diversos intelectuales que con sus artículos y comentarios atentan contra la historia y nuestras luchas. Se hizo el llamado de construir cosas concretas y armar estructuras mínimas. Se habló también de realizar acciones y creativas, como partidos de fútbol, actividades artísticas, periódicos murales ambulantes y llamar así también la atención de la ciudadanía. Precisamente, al respecto, se mencionó la necesidad de acercarse más a la sociedad.
En cuanto acciones concretas, se propuso realizar una acción en la ONU, monitorear los medios de comunicación, buscar espacios en medios como Radio Educación, realizar una campaña política contra el Estado y continuar con el boicot contra el Café la Selva.
Finalmente los asistentes al Foro, si bien éste no es resolutivo, si puede tomar acuerdos mínimos, acordaron:
1. Realizar campañas de difusión: volanteos, en el metro o lugares públicos, mesas de información, crear espacios de reflexión y análisis.
2. Convocar a Foro Nacional el día 27 de octubre en el estado de Morelos.
3. Realizar trabajos preparatorios para el próximo Foro.
4. Convocar a jornada nacional e internacional contra las agresiones a comunidades zapatistas para el día 17 de noviembre (Aniversario del EZLN).
5. Crear, fomentar y coordinar brigadas de observación civil a Chiapas.
6. Realizar, por parte de este Foro, una declaración en que se denuncie la presencia militar y paramilitar, las amenazas de agresión a diversas comunidades y hacer un llamado urgente de solidaridad para detener las agresiones.

3. Asuntos generales.
Se habló sobre el plantón de Santiaguito y las amenazas de desalojo que tuvo y su traslado al Plantón de Molino de Flores. Se habló también sobre los medios de transporte para viajar a Vicam.



FORO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS DE CHIAPAS.
Bloque Popular Revolucionario (Morelos), Brújula Roja (D.F.), CAPISE A.C.(Chiapas) , Colectivo Anarkofeminista (D.F.), Colectivo Autónomo Magonista ( D.F.), Colectivo Autónomo en Lucha (D.F.), Colectivo Axolote-UAM- I (D.F.), Colectivo Gandhiano Pensar en Voz Alta, Colectivo (D.F.), La Tripulación del Viejo Antonio (Morelos), COLMENA (D.F.), Colectivo Neza Norte (Edo.Méx .), Colectivo Quetzal (D.F.), Colectivo Zapatista Neza (Edo.Mex.), Comité Cabañas (Edo.Méx.), El Paso del Caracol (D.F.), Espacio Social y Cultural de la Karakola (D.F.), Foro Permanente de la Verdad (D.F.), Frente del Pueblo ( D.F.), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (Edo.Méx.), Frente Popular Francisco Villa Independiente (D.F.), Juventud Comunista de México (D.F.), Cultura Alternativa (D.F.), Los Machetes (Puebla), Machetearte (D.F.), Movimiento Unido del Barrio de Tepito ( D.F.), Nodo Zexto (Puebla), Organización Zapatista Educación para la Liberación (D.F.), Partido de los Comunistas (Veracruz, Morelos, D.F. Jalisco) Red Solidaria Década contra la Impunidad (D.F.), REDMYCZ (D.F.), RMLN (Veracruz), Revista Rebeldía ( D.F.), Salud y Conciencia (D.F.), Sector Mujeres y la Sexta (D.F.), UNÍOS (D.F.), UNOPII (D.F.) y adherentes y simpatizantes individuales a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Hostigamiento a la Comisión Sexta del EZLN

Red Nacional en Contra de la Represión

MENSAJE URGENTE

El día de hoy 4 de octubre en el reten militar de
Mazatlán, Sinaloa fue detenida la camioneta de la
Comisión Sexta del EZLN, en la que viajaba el
Delegado Zero.

No se les permitió que la revisaran y después de un
rato de tiempo perdido continuo su marcha hacia el
encuentro de los Pueblos Indios en Vicam, Sonora.

Es la primera vez que la camioneta del Subcomandante
Insurgente Marcos es detenida por un reten militar
en todo el tiempo del recorrido de la Otra Campaña
por el territorio nacional.

Denunciamos este hecho y le pedimos a todos los
compañer@s de La Otra Campaña estar atentos ante
cualquier acto de provocación que el estado mexicano
pudiera realizar en contra de la comisión del EZLN o
de cualquier compañer@ que participe en los trabajos
del Encuentro de Vicam y de La Otra Campaña.

Fraternalmente,


Red Nacional en Contra de la Represión

Actual ofensiva paramilitar contra zapatistas

Ofensiva contra zonas zapatistas
Blanche Petrich

En los nueve meses de gobierno de Felipe Calderón, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas donde se han implantado las juntas de buen gobierno zapatistas, han experimentado “una ofensiva brutal” que combina una acción concertada de los 79 campamentos militares permanentes instalados en el estado con las autoridades locales priístas, instituciones agrarias y grupos paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas. Según un detallado estudio de campo, “que rastreó cañada por cañada, caracol por caracol, todos los municipios autónomos”, realizado por brigadas de observación de las bases zapatistas y del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), miles de familias corren peligro de ser despojadas de sus tierras y pertenencias en el corto plazo. Los desalojos comprenden 10 mil 544 hectáreas y están previamente amparados por fallos irregulares emitidos por el Tribunal Unitario Agrario, siempre en favor de los grupos campesinos que cobijan bajo sus siglas a conocidos líderes paramilitares.
CAPISE enlista 13 comunidades de alto riesgo. Dos secciones del ejido Mukulum y ocho pueblos de Agua Azul, municipio Chilón; Ranchería El Nance, Altamirano; comunidad 24 de Diciembre, municipio Margaritas; San Juan del Río, San Alfredo, Casa Blanca, Miguel Hidalgo, 20 de febrero, Nuevo Rosario, municipio autónomo La Garrucha (Ocosingo), Nueva Revolución y San Patricio, municipio Roberto Barrios.
“Es –indicó Ernesto Ledesma, director del CAPISE– la mayor embestida que se ha visto en los últimos nueve años”, parecida a las cruentas etapas de los gobiernos de Absalón Castellanos y Roberto Albores. Tendrá como consecuencia un despojo de tierras “masivo, sistemático y legalizado a priori”, alertó. El más reciente trabajo de este equipo investigador, que trabaja en el área desde hace cinco años, fue presentado ayer aquí en conferencia de prensa. Ilustra cómo la diseminación de 79 campamentos militares, incluyendo al menos cuatro unidades de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), han consolidado la militarización y la aplicación de una política contrainsurgente en el estado.
“La recomposición de la Secretaría de la Defensa en Chiapas –explicó el investigador– da la apariencia de una gradual salida de tropas de la región, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario: salió cantidad de tropa y entró calidad castrense con el objetivo claro de desmantelar los municipios autónomos operando bajo la cobertura articulada de la procuraduría, la Secretaría de Reforma Agraria, el Congreso de la Unión, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Gobernación y el gobierno de Juan Sabines”.
El despliegue de unidades de “calidad castrense” en campamentos aledaños a zonas donde se encuentra la retaguardia del EZLN –como son las cañadas de La Garrucha (La Sultana), Las Tacitas y Taniperlas– incluye no solamente a las brigadas de infantería sino a otras unidades de elite, como Gafes y agrupamientos de Fuerzas de Tarea y Fuerzas de Intervención Rápida (FIR), que tienen equipamiento y capacidad para realizar operaciones “de alto impacto” contra “terrorismo y grupos armados”, según documentos de Sedena.
Ledesma señaló que la suspensión de la segunda etapa de la otra campaña, que debía ocurrir en los próximos tres meses (de octubre a diciembre), “obedece a esta realidad”, ya que la ofensiva descrita en el documento La embestida del Estado mexicano contra los pueblos indígenas y sus territorios sigue considerando al EZLN como el “enemigo interno” y pretende desarticular el tejido de comunidades que han logrado una representatividad política y social en torno a las juntas de buen gobierno. “Este despliegue contrainsurgente en Chiapas no corresponde a una lucha contra el EPR sino contra el EZLN y sus bases civiles”, afirmó Ledesma. Aseguró que la ofensiva tiene que ver con la eficacia que ha logrado el funcionamiento de los caracoles y las JBG, al grado de construir en la región un gobierno alternativo que gestiona demandas y necesidades, actúa como interlocutor a todos los niveles e incluso es reconocido por poblaciones no zapatistas como una instancia para dirimir conflictos, ya que actúa conforme a usos y costumbres y para el interés comunitario. “Para gran número de comunidades que no militan directamente en las estructuras zapatistas, asumirse como base de apoyo zapatista es la única cobertura con la que cuentan”, indicó.
El estudio, integrado con los reportes sistematizados de las Brigadas de Observación Tierra y Territorio, documenta centenares de despojos, golpes, amenazas, incendios de casas, bloqueos de caminos, tala de bosques, destrucción de bienes colectivos, portación ilegal de armas y casos de privación de la libertad por parte de quienes pertenecen a grupos que, como la OPDDIC, cuentan entre sus dirigentes a conocidos paramilitares.

Mayor presencia militar en las zonas en “disputa”

Despojos a zapatistas, eje de la contrainsurgencia

El Ejército reagrupó sus unidades en el territorio indígena de Chiapas en los dos pasados años, desplegando fuerzas especiales en la modalidad de agrupamientos o grandes unidades en todas las cañadas y regiones donde existe conflictividad entre comunidades zapatistas y poblados controlados por grupos de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) y la Unión de Uniones, de filiación priísta o perredista, que en los últimos años han encabezado el hostigamiento contra los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno.
La consecuencia de esta reorganización, detectada por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) en un estudio de campo, es que al plan constrainsurgente vigente desde hace 13 años se ha sumado una estrategia de despojo de tierras contra las bases de apoyo zapatistas en las zonas de la Selva, las Cañadas, los Altos y el norte del estado. En este nuevo accionar se ha incorporado un factor que no se había observado anteriormente, explica el director del CAPISE, Ernesto Ledesma: “Hay una articulación flagrante entre el Ejército federal, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y los grupos campesinos hostiles al zapatismo”. El objetivo principal, concluye la investigación, es quitar a las comunidades que surgieron del levantamiento rebelde de 1994 todas las tierras recuperadas en el periodo inmediatamente posterior al levantamiento de ese año.
La más reciente investigación del CAPISE, elaborada por brigadas de observación de los pobladores zapatistas y los miembros del centro de análisis, logró levantar un mapa de la zona, en el cual se aprecia con claridad que justamente en las zonas donde hay mayor tensión entre comunidades priístas y zapatistas, siempre por conflictos de tierras recuperadas que los grupos hostiles a los rebeldes pretenden apropiarse, siempre hay una, dos y hasta tres posiciones militares. En todos los casos se trata de fuerzas especiales o cuarteles que alojan dos brigadas de infantería.
Este despliegue fue observado, por ejemplo, en Taniperla, que es el pueblo donde se formó la Opddic bajo la dirección de Pedro Chulín, identificado desde hace años como cabeza de un grupo paramilitar, ex diputado priísta, aliado del ex gobernador Roberto Albores en la destrucción del primer intento de municipio autónomo que se hizo en ese lugar. En este caso, la brigada militar se alberga dentro de la propia comunidad.
El mismo despliegue de unidades de elite se observó en San Caralampio, las cañadas de Las Tacitas y La Garrucha, y en la cañada tojolabal. Salvo las brigadas de infantería desplegadas en El Edén y Altamirano, en todos los demás cuarteles se ubican agrupaciones (dos brigadas) o grupos aeromóviles de fuerzas especiales.
“A partir del contacto y la convivencia de las comunidades con la tropa de las unidades especiales detectamos un ritmo muy acelerado de descomposición social. A diferencia de lo que hacen las brigadas convencionales, que instalan prostíbulos con sexoservidoras que llevan de las ciudades cercanas, en estos poblados desarrollan los servicios de prostitución con población local. También se observó que en cada uno de los poblados que se relacionan con los cuarteles en un lapso de uno o dos años se agudizaron las agresiones contra las poblaciones zapatistas. Los grupos afines al PRI o al PRD presionan para desalojar de las comunidades a las bases rebeldes”.
Los investigadores han recolectado información que les permite describir toda una batería de métodos para conseguir el despojo de tierras recuperadas, que incluye robo de cosechas y leña, amenazas, incendios de casas, cierres de caminos, talas de bosque, destrucción de haberes colectivos, portación de armas y, en algunas ocasiones, retención de la libertad de bases zapatistas.
En cada uno de los conflictos se ha definido un mismo patrón de la agresión. A la fecha, el Tribunal Unitario Agrario tiene centenares de casos de diferendos por resolver, en su mayoría demandas de la Opddic, que reclama como propias tierras de los zapatistas. Cuando la Procuraduría Agraria envía a sus visitadores o a notarios, por lo general éstos avalan asambleas irregulares. Y cuando la crisis amenaza con desencadenar hechos violentos, se hacen presentes patrullas de Seguridad Pública estatal o municipal que apoyan incondicionalmente a los grupos hostiles, dejando indefensos a los que pertenecen a las bases de apoyo zapatista. En los accesos a los pueblos –o incluso dentro de ellos– están a la espera las tropas especiales del Ejército, que mantienen abierta relación con los líderes agresores. “La complicidad es flagrante”, afirma Ledesma.
Con el despliegue de 29 campamentos de la 39 Zona Militar en la Selva y el norte del estado y otros 23 de la 31 zona en las Cañadas y los Altos, que incluye al menos cuatro GAFES, seis compañías de infantería no encuadradas (CINE) y un batallón de comunicaciones especiales que depende, no de la Región Militar VII –que corresponde a Chiapas–, sino directamente del Campo Militar número uno, en la Ciudad de México, “puede entenderse que este despliegue militar “de alto impacto para operar contra el narcotráfico, el crimen organizado, grupos armados o terrorismo, como se asienta en los manuales de la Secretaría de la Defensa Nacional, está listo para acatar una orden y entrar en acción”, indica el director de CAPISE.
Interrogado sobre si se trata de un escenario para entrar en acción no sólo contra las bases zapatistas, sino también contra el EZLN, aclara: “Desde el punto de vista táctico está listo. Eso no quiere decir que vaya a atacar. Solamente que puede hacerlo en cualquier momento”.